El Protocolo para la Erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica del Estado de Sinaloa (PEVISEBES) es un marco normativo e institucional de observancia obligatoria para todos los planteles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), incluyendo los particulares, dentro del Sistema Educativo Estatal de Sinaloa. Este protocolo surge en respuesta a la obligación constitucional de promover y garantizar los derechos humanos, velando siempre por el interés superior de la niñez y asegurando que la educación se base en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas
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El objetivo principal del PEVISEBES es establecer estrategias y procedimientos claros para la prevención primaria, la atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento), y las medidas de no repetición (prevención secundaria) de la violencia sexual
. Se reconoce a las niñas, niños y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos y a los adultos del colectivo escolar como garantes de los mismos, fomentando ambientes escolares sanos y la cultura de paz
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La estrategia preventiva se basa en la formación
. Se promueve la educación integral en sexualidad con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Las autoridades educativas estatales y escolares deben gestionar jornadas y talleres sobre temas clave como la alfabetización digital y ciberseguridad, perspectiva de género, y el desarrollo de habilidades socioemocionales y autocuidado. Las familias y figuras educativas también están obligadas a capacitarse para prevenir riesgos, incluyendo el uso seguro y responsable de medios digitales.
El protocolo aborda explícitamente formas de violencia digital como el ciberacoso sexual, ciberabuso sexual (Grooming), sexteo (Sexting) y sextorsión
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En la atención de casos concretos (Detección, Intervención, Notificación, Canalización y Seguimiento), el personal escolar, actuando como primer respondiente, debe asegurar la protección inmediata de la víctima
. Si el caso involucra contenido multimedia, se debe revisar de forma discreta sin resguardar copias ni compartir el material, entregándolo únicamente a las autoridades competentes para evitar la victimización secundaria o revictimización.
La canalización es vital
. Si existe material multimedia que vulnere los derechos de la víctima, la escuela debe orientar a la madre, padre o tutor a presentar una denuncia ante la Unidad de Policía Cibernética de la Fiscalía General de Justicia, cuya función es gestionar el retiro del contenido de sitios web o redes sociales. Además, se notifica inmediatamente a la PPNNA (Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) para garantizar la asesoría, atención psicológica, médica y representación legal de la víctima. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación de notificar cualquier indicio o sospecha de violencia sexual.
